Reflexiones sobre administración electrónica

El pasado jueves 3 de marzo se celebró una nueva jornada, ya en su cuarta edición, de Reflexiones sobre Administración Electrónica, que el Colegio de Abogados viene organizando desde hace cuatro años, a través de su Grupo de Estudio de Derecho y Nuevas Tecnologías, del que formo parte.

La apertura del encuentro, que contó con la asistencia de más de un centenar de personas, corrió a cargo del Decano del Colegio, D. Nazario Oleaga Páramo, cuyas palabras pusieron sobre la mesa una realidad en la que hay que hacer hincapié sin dudarlo, en el punto en el que estamos de evolución y progreso en esto de la e-Administración. Y es que el divorcio entre lo electrónico y lo jurídico, y más aún, el abismo que aparentemente separa, por su complejidad, a los sistemas informáticos con las necesidades sociales y profesionales, ha calado hondo entre los ciudadanos y ciudadanas, y es ahora, o debiera ser, el caballo de batalla a combatir para que la Administración Electrónica y todo lo que implica sea verdaderamente un éxito.

Esta apertura, no exenta de crítica, fue sin duda un acicate para todos los ponentes, que pusieron el acento en este tema, intentando dejar claro que la administración electrónica es una realidad, no ya un futurible, y que la cuestión es si se quiere estar en ella o no, con todo lo que ello implica de adquisición de cierta madurez informática en muchas esferas de nuestra vida diaria.

Iñaki Ortiz, Director de Innovación y Administración Electrónica del Departamento de Justicia y Administración Pública de Gobierno Vasco, tomó la palabra y así lo expresó, entendiendo que la Administración Electrónica puede servir para acercar las nuevas tecnologías a las Administraciones Públicas y, por tanto, también a un importante sector del Derecho. Se trata por tanto de sacar el máximo partido a estas tecnologías en nuestra sociedad.

En esta línea, Iñaki Ortiz explicó el alcance y objetivos del Plan de Innovación Pública (PiP), y sus logros. Reconociendo los retos pendientes, en busca de la rentabilización del trabajo ya realizado en el seno de Gobierno Vasco, consolidándolo a nivel interno, dentro de la organización.

Se trata de alinear servicios, organización y procesos, al servicio de la ciudadanía.

A continuación, Pilar Irurzun, responsable de proyectos normativos de Admnistración Electrónica de la Dirección de Innovación y Administración Electrónica del Departamento de Justicia y Administración Pública de Gobierno Vasco nos adelantó los cambios que incluirá el nuevo Decreto sobre Administración Electrónica de Gobierno Vasco, que se espera se publique en breve, y que permitirá dar cobertura a temas como la sede electrónica, actualmente inexistente en Gobierno Vasco.

Desde Izenpe, Talía Besga, como responsable de su asesoría jurídica, abordó la cuestión de la identidad electrónica, como base sobre la que se construye la Administración Electrónica. Defendió la necesidad de velar por la autenticación, la seguridad y la integridad en el planteamiento de la tramitación electrónica y resto de servicios incluidos dentro de la e-administración, considerando que la regulación debía ser inequívoca en este punto.

Se comentaron sistemas de identificación alternativos a la firma electrónica, que últimamente se están planteando con el fin de simplificar la aproximación del ciudadano a lo que implica la e-administración, toda vez que parece que el uso de sistemas como el DNI Electrónico no son lo suficientemente amigables en este sentido. Sin discutir su utilidad en este punto, considera que debe hacerse una reflexión para saber cómo y en qué ámbitos se van a utilizar estos sistemas alternativos, para valorar su conveniencia y oportunidad en cada caso y evitar lagunas en la necesaria convivencia entre identificación y autenticación.

La primera parte de la jornada se cerró por parte de Carlos Zabaleta, letrado de la Agencia Vasca de Protección de Datos, que hizo una revisión de la evolución normativa en la materia, dentro del ámbito de la administración electrónica, objeto de la jornada. En este sentido, se avanza que no se han dado avances significativos en la materia, y en particular por lo que se refiere al acercamiento entre el Derecho y las Nuevas Tecnologías, ni tampoco entre la Protección de Datos y la Administración Electrónica, que no parecen seguir un mismo camino.

La segunda parte de la jornada tenía el propósito de centrar lo comentado en dos casos prácticos: por un lado, tratando los proyectos existentes en el ámbito de Osakidetza y, por otro, abordando escenarios concretos en la gestión de documentos, en concreto el tema de la destrucción del papel y la carpeta del ciudadano, una vez que se proceda a la digitalización documental.

Respecto al primero de los apartados, Daniel Villar y Maite Andrés expusieron la situación del proyecto de Osakidetza. El primero de ellos, como responsable de seguridad de Osatek, S.A., habló sobre el proyecto de digitalización de la imagen radiológica en el Servicio Vasco de Salud, así como las cuestiones legales que este aspecto suscita.

Maite Andrés, letrada de la Asesoría Jurídica de Osakidetza y Secretaria de la Comisión de Seguridad de los Servicios Centrales de Osakidetza para la protección de datos explicó el proyecto Osarean, que pretende concentrar esfuerzos de valor añadido en el ámbito sanitario, reduciendo las cargas burocráticas e implicando al ciudadano en la promoción de la salud.

Finalmente, Gloria Barceló y Antxon Larrañaga, como representantes de la Sociedad Informática de Gobierno Vasco, EJIE, S.A., expusieron algunas de las cuestiones que plantea el proyecto de digitalización documental, en concreto, la materialización del derecho del ciudadano a no aportar documentos que ya obren en poder de la Administración, así como el proceso de digitalización de documentos.

A continuación, se abrió un interesante debate donde los asistentes plantearon sus dudas. Entre ellas, caben destacar los temores y dudas aún existentes, tanto a nivel de la Administración como de los profesionales del Derecho, acerca de la oportunidad de esta evolución, y su adaptación al funcionamiento actual de los procesos, de manera que los derechos y garantías de los ciudadanos no resulten menoscabadas en aras de la evolución tecnológica.